Tradicionalmente, se han reconocido a los miembros de las Asambleas legislativas las prerrogativas denominadas inviolabilidad e inmunidad. Sin embargo, el beneficiario último de las mismas es la Cámara, puesto que lo que se protege es la función parlamentaria en sí, y sólo indirectamente aprovechan al parlamentario individualmente considerado. Ambas, inviolabilidad e inmunidad, persiguen un mismo objetivo: garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria, y en tal sentido puede decirse que se complementan. Pero los peligros que ambas tratan de evitar son totalmente distintos. Estas prerrogativas parlamentarias deben interpretarse de conformidad con los valores y preceptos constitucionales, de forma que no se conviertan en privilegios, ni su aplicación suponga la vulneración de derechos fundamentales de otras personas.