La vigente Ley Concursal de 9 de julio de 2003 se dictó en un entorno económico completamente distinto al actual, caracterizado por una fuerte y amplia crisis financiera internacional que se ha trasladado a las empresas, y que ha puesto de manifiesto la inadecuación de algunas de sus previsiones. Ello ha hecho imprescindible la adecuación legislativa a la nueva situación, que se ha llevado a cabo con la aprobación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, mediante la facilitación de la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, reducir los costes de la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de las empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos.