El sistema sanitario español, a pesar de su continua evolución expansivo, se encuentra limitado en cuanto a sus disponibilidades financieras y no siempre es capaz de proporcionar ciertos tratamientos al mismo nivel de otros países en los que se dispone de tecnología punta. El reintegro de gastos médicos se revela, así, como el mecanismo al que, deforma habitual, han acudido los pacientes cuando se han visto obligados a recurrir a centros privados, nacionales o extranjeros, con el consiguiente abono económico de las prestaciones recibidas. Este panorama, cuyos efectos negativos son difíciles de erradicar, choca frontalmente con lo que ha de ser un estado de bienestar, en el que los ciudadanos vean garantizado un nivel sanitario digno y suficiente. Es aquí donde los tribunales habrán de actuar en adelante, contemporizando los intereses de pacientes y Administración sanitaria y adoptando a la realidad social los últimos cambios normativos, aspectos todos ellos que son objeto de análisis en este estudio.